2. Abandono
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el medio rural en España (85% del territorio) es el despoblamiento. Según el Consejo Económico y Social de España, el 95% de los pueblos tienen menos de 5.000 habitantes y el 60% está en riesgo de extinción debido a que tienen una población inferior a 1.000 habitantes.
Las llamadas marchas de la “España vaciada” celebradas a principios del año 2019 pusieron voz y rostro a sus demandas (falta de inversión en infraestructuras que garanticen la correcta movilidad y conectividad de las zonas rurales, ausencia de servicios sociales y asistenciales adecuados, dotaciones insuficientes de capital humano, pocas oportunidades de empleo) y nos alertaron sobre los problemas que este éxodo genera en nuestros bosques.
El abandono de las zonas de cultivo, que actuaban como cortafuegos, el retroceso de la ganadería extensiva que reducía el material combustible en los montes, o la disminución del aprovechamiento forestal asociada a su menor rentabilidad, aumenta la incidencia de enfermedades de las masas forestales y reduce su resistencia a los incendios. Por ello, la acción humana, a través de la gestión forestal sostenible, supone un beneficio para el entorno natural decisivo que no solo reduce el riesgo de incendios, sino que actúa en favor del cuidado de la biodiversidad.
La relación entre bosques y humanos, basada en aprovechamientos controlados de los recursos que estos ofrecen, es una propuesta ecológica y social para un futuro sostenible.
La “generación soporte” es el principal pilar de la vida rural. De la permanencia de las edades intermedias en estas zonas dependen las posibilidades de crecimiento y desarrollo de las zonas rurales, pues son las personas encargadas del trabajo productivo, reproductivo y del cuidado de los mayores.
Poner en valor el monte no solo es fomentar los usos tradicionales y apostar por la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar los aprovechamientos. También es fundamental eliminar muchas trabas administrativas -normativas y burocráticas- que limitan la actividad forestal. Esto es imprescindible si verdaderamente queremos tender hacia un nuevo modelo de bioeconomía circular basado en la gestión sostenible de los recursos naturales.